Debate

El debate en la Legislatura porteña, para imponer la suspensión del servicio queda así sin sentido, pero la oposición que considera un triunfo la movida, en un recinto que hace años se maneja con mayoría propia de Juntos por el Cambio, seguirá con la pelea. De esa manera mantendrá la presencia hoy pero para reclamar que se investigue.

“Lo logramos. Por la presión del Frente Antigrúas, terminó la concesión ilegal del acarreo, que operaban dos empresas de manera ilegal hace más de 20 años”, escribió en Twitter Juan Manuel Valdés, legislador del Frente de Todos (FdT) y que “ahora que terminó el curro de las grúas se debe realizar una auditoría de corte de servicio, con el inventario y estudios de costo”.

Desde el Frente de Izquierda (FIT), indicaron que “presentamos un proyecto propio que contempla la impugnación del sistema de acarreo y el evidente negocio sin control que hay detrás del mismo, motivo por el cual además de cuestionar y pedir la derogación de la concesión con las empresas cuestionadas, que pagan un canon irrisorio, cuestionamos el sistema de estacionamiento medido, incluso contemplamos que lo que se recaude sea destinado a la red de subterráneo y solicitamos comisiones de control”.

El llamado “Frente Antigrúas” exigirá ahora que se realice una investigación sobre los más de treinta años del servicio en manos de las mismas empresas con prórroga de los contratos y con el pago de un canon irrisorio.

Auditoría

El frente opositor lo conformaron el Frente de Todos, la Libertad Avanza, el monobloque Consenso Federal y las bancadas de izquierda que en conjunto suman 28 votos, necesitando 3 más (que esperaban de la Coalición Cívica) para poder sesionar.

La oposición envió una nota al titular de la Legislatura Emmanuel Ferrario, para que se conforme la “Comisión de Seguimiento Parlamentario de la concesión de obra pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” para “hacer un control adecuado y garantizar la transparencia en el servicio de acarreo de vehículos que realizará la empresa AUSA”.

Además solicitan que la Auditoría General de la Ciudad “realice un informe exhaustivo sobre el trabajo que las empresas Dakota y BRD realizaron durante estos 31 años de concesión que tuvieron, incluyendo detalles de corte de servicio con inventario recibido por la Ciudad y estudio de costos”.

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