El nuevo pedido de apartar a Capuchetti de la causa fue planteado por los abogados de Cristina Kirchner, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, quienes manifestaron dudas sobre la imparcialidad de la jueza, después de conocerse que supuestamente realiza labores académicas a través de un “trabajo” rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la ciudad de Buenos Aires.

“Anoche se presentó recusación contra la jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado”, escribió la exmandataria en sus redes sociales el pasado 9 de enero, cuando anunció el escrito recusatorio.

Al responder la recusación, la jueza sostuvo que no estaban dadas las causales para apartarla, según consta en la resolución de cuatro páginas.

“La parte recusante invoca actividades académicas generadoras de supuestos vínculos con funcionarios locales, desplegando un amplio espectro de cuestiones sin más desarrollo que su sola mención, sin profundizar en el presunto interés que guardaría la suscripta y el motivo por el cual debería ser apartada para entender en estos actuados”, enfatizó la magistrada.

Por otra parte, la primera de las recusaciones planteada contra Capuchetti, ya llegó a la Cámara Federal de Casación Penal, donde quedó en manos del juez Guillermo Yacobucci.

Hoy está previsto que Nicolás Gabriel Carrizo, conocido como el líder de la “Banda de los copitos”, se presente ante Capuchetti para ampliar su declaración indagatoria, por los hechos que se le imputan en el intento de atentado contra Cristina.

Carrizo es considerado como partícipe secundario en el caso, que tiene como principales acusados a los supuestos coautores del ataque contra Cristina Kirchner, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.

Para la querella, Carrizo pudo haber tenido otro rol en la planificación del ataque por lo que en su momento reclamó la ampliación de la indagatoria a partir de los mensajes que se hallaron en su teléfono celular, en los que se atribuía participación en el plan homicida.

En realidad la declaración de Carrizo fue postergada para hoy tras un cambio de fechas. “En cuanto a lo solicitado por el Dr. Gastón Matías Marano, suspéndase la audiencia dispuesta para el día de mañana y fíjese nueva fecha para el día 31/01/2023, a las 10 horas, a fines de recibirle ampliación de declaración indagatoria a Gabriel N. Carrizo”, fue la resolución que firmó el 9 de enero el juez Julián Ercolini, mientras reemplazaba a su colega Capuchetti.

Esa última postergación se originó en un planteo de la defensa de Carrizo, que reclamó que el acto procesal fuera encabezado por la jueza Capuchetti, jueza natural de la causa, tal como se realizará hoy.

La ampliación de la indagatoria se dispuso a partir de que se hallaron en el celular de Carrizo nuevos mensajes de texto en los que se atribuye participación en la planificación del ataque perpetrado contra la vicepresidenta el 1 de septiembre último: esos mensajes fueron recopilados por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico.

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