Para dicho objetivo, el kirchnerismo deberá contar con la ayuda habitual de los más que fieles aliados del Frente Renovador misionero -no massista-, en este caso, de Carlos Fernández. También se prestará atención a la definición del peronista cordobés Ignacio García Aresca, integrante de la comisión.

La nueva modalidad tributaria propone tres categorías de ingresos anuales: hasta u$s10.000, hasta u$s20.000 y hasta u$s30.000. Cada una se establece de acuerdo con el tope de ingresos y el monto integrado correspondiente a cada una de ellas. Además, incluye impuesto a las ganancias, obra social y aportes jubilatorios, y el monto a abonar se corresponderá con las categorías establecidas en el Régimen D, F y H, según explicó el Gobierno.

Por otra parte, el texto en cuestión incluye el beneficio cambiario de no liquidar las divisas y “favorece a los pequeños exportadores de servicios basados en el conocimiento/e-gamers (sean autónomos o pequeños grupos)”, indicaron desde la Secretaría de Economía del Conocimiento

Días atrás, el subsecretario de Financiamiento y Regulación de la Economía del Conocimiento, Eduardo Kutner, señaló en la comisión de la Cámara baja que “el objetivo es incorporar al mercado formal a muchos profesionales en una visión integradora e inclusiva que amplía derechos”.

Resto de agenda

El tema central seguirá en base a los pedidos de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia, con un kirchnerismo que aprobará pasado mañana la admisibilidad de las solicitudes. En tanto, el Senado buscará reactivar el trabajo legislativo que finalizó el diciembre pasado, con un encuentro en el recinto pensado para la última semana de febrero, antes -o el mismo día- de la sesión preparatoria, que será el 24 del corriente mes.

Para avanzar contra el máximo tribunal de Justicia del país, el oficialismo cuenta con la mayoría en la comisión de Juicio Político, que maneja la diputada kirchnerista Carolina Gaillard (Entre Ríos). No obstante, y tal como contó Ámbito desde que comenzaron las presiones para empujar el tema, poco avanzará en el Congreso ya que, para dar luz verde a la acusación, lo que se dictamine necesitará dos tercios en el recinto de la Cámara baja. Es decir, algo imposible. De allí el objetivo del Frente de Todos de desgastar aunque sea a los magistrados supremos, a costa de dinamitar la agenda de sesiones extraordinarias e, incluso, poner el riesgo el período ordinario, que comenzará el 1 de marzo y que será abierto por el propio Alberto Fernández.

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