La Corte Suprema de Estados Unidos se valió este viernes otra vez de su mayoría conservadora, obtenida durante el gobierno de Donald Trump, al avalar que existan discriminaciones en el ámbito comercial, en un fallo que basado en la libertad de expresión le dio la razón a una diseñadora gráfica que se negó a crear sitios de internet para matrimonios igualitarios.
Un día después de dictaminar en contra de los programas universitarios de discriminación positiva, como el que otorga un cupo por color de piel u origen étnico, el máximo tribunal del país decidió que las empresas que atienden al público y desempeñan actividades creativas pueden invocar la libertad de expresión para negarse a prestar un servicio contrario a sus valores.
La Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión, implica que en Estados Unidos «la gente es libre de pensar y expresar lo que quiera, no lo que el Gobierno le diga», escribe en su nombre el magistrado Neil Gorsuch, el primero del total de tres jueces de la Corte Suprema que nominó Trump durante su mandato.
El estado de Colorado «pretende utilizar su ley para obligar a una persona a crear un discurso en el que no cree», añadió.
En este estado del oeste una ley prohíbe la discriminación por orientación sexual desde 2008 y puede imponer sanciones de hasta 500 dólares, en una legislación que ya fue impugnada en los tribunales hace años.
En 2018, la Corte Suprema le dio la razón a un pastelero cristiano que se negó a preparar una torta de bodas para una pareja gay. Pero se basó en motivos técnicos, sin llegar a promulgar principios generales.
El caso que llevó a la decisión de la Corte
El tema volvió a los tribunales con Lorie Smith, una diseñadora gráfica que se describe como una «cristiana devota», que se negó a crear páginas web para matrimonios igualitarios.
La mujer perdió dos veces en tribunales menores y llevó su caso a la Corte Suprema, que desde 2020 cuenta con una mayoría de seis jueces conservadores sobre el total de nueve integrantes.
Ese tribunal finalmente la respaldó al estimar que su actividad, pese a ser comercial, entra en el ámbito de la libertad de expresión.
«Determinar qué es actividad expresiva protegida por la Primera Enmienda a veces plantea cuestiones difíciles, pero no es este el caso», escribió Neil Gorsuch, citado por la agencia de noticias AFP.
La jueza Sonia Sotomayor, nominada por el expresidente Barack Obama y parte de la minoría progresista de la corte, lamentó la decisión: «El tribunal, por primera vez en su historia, concedió a un negocio abierto al público el derecho constitucional de negar el servicio» a clientes protegidos por leyes antidiscriminación.
En sintonía, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó hoy de «decepcionante» la sentencia.
«Me preocupa profundamente que la decisión pueda dar lugar a una mayor discriminación contra los estadounidenses LGTBIQ+» y en términos generales «debilita leyes» que «protegen a todos los estadounidenses contra la discriminación», estimó en un comunicado.
El mandatario ya había criticado el fallo de ayer de la Corte Suprema, que puso fin a las políticas de discriminación positiva en las universidades.
Sus seis jueces conservadores dictaminaron, en contra de la opinión de los tres progresistas, que los procedimientos para el ingreso en los campus universitarios basados en el color de la piel o el origen étnico de los solicitantes son inconstitucionales.
Esa misma mayoría del máximo tribunal fue la que en junio del año pasado terminó con el derecho constitucional de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, establecido en 1973 mediante del fallo Roe vs Wade, lo que dejó en manos de los estados la decisión de permitir o prohibir que los abortos se realicen legalmente.
Estos mismos integrantes del tribunal ratificaron además en los últimos meses el derecho a portar armas y limitaron los poderes de la Agencia de Protección del Medio Ambiente.
Revés para Biden
Por otro lado, la Corte Suprema también invalidó este viernes una medida clave de Biden para cancelar parte de la colosal deuda estudiantil.
El tribunal dictaminó, nuevamente por una mayoría de seis de los nueve magistrados, que el gobierno se extralimitó en sus funciones al adoptar este programa sin autorización explícita del Congreso.
«El tema aquí no es si debe hacerse algo, es quién tiene autoridad para hacerlo», estimó el magistrado conservador John Roberts, nominado por el exmandatario George W. Bush, en nombre de la mayoría.
Este fallo supone un duro revés para Biden, que aspira a su reelección en 2024, pero sobre todo es un duro un golpe al bolsillo de millones de estadounidenses.
En Estados Unidos la enseñanza superior es muy cara y casi 43 millones de personas piden préstamos estudiantiles federales por un total de 1,630 billones de dólares.
Al comienzo de la pandemia, el gobierno del expresidente republicano Trump congeló el reembolso de estos préstamos en virtud de una ley de 2003 que le permite «aliviar» a los titulares de deudas estudiantiles en caso de «emergencia nacional».
Esta medida, que se prorrogó ininterrumpidamente hasta la fecha, expira el 31 de agosto.
Anticipándose a este plazo, Biden anunció en agosto pasado su intención de anular 10.000 dólares de las deudas de los prestatarios que ganaran menos de 125.000 dólares al año y 20.000 dólares de antiguos beneficiarios de becas.
Se presentaron 26 millones de solicitudes, según la Casa Blanca.
Los tribunales bloquearon este plan después de que una coalición de estados republicanos y dos estudiantes que no podían recibir la condonación de 20.000 dólares presentaran una demanda.
Acusaban al gobierno demócrata de usar el dinero de los contribuyentes sin la aprobación del Congreso. Estiman que la ley de 2003, invocada por el presidente Biden, cubre la congelación de la deuda y no su cancelación.
«Estamos de acuerdo con ellos», escribió el juez Roberts.
Los tres jueces progresistas del tribunal discrepan.
La magistrada Elena Kagan, que fue nominada por Obama, escribió que el propio tribunal se estaba extralimitando en sus competencias.
Argumentó que ninguno de los estados que demandaron para impugnar la política de Biden estaban legitimados para hacerlo, ya que ni tenían un interés personal ni se habían visto perjudicados por la política.
«No permitimos que los demandantes presenten una demanda sólo porque se oponen a una política», dijo.
También alegó que la ley de 2003 permite esta política, y que el tribunal basó su decisión principalmente en el impacto de la cancelación en las finanzas nacionales.
«El resultado es que el tribunal sustituye al Congreso y al Poder Ejecutivo en la formulación de la política nacional de condonación de préstamos estudiantiles», escribió.
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