Dos coches bomba que estallaron en una zona comercial y financiera del norte de Quito y otros dos en el sur de Ecuador volvieron a exponer la gravedad de la violencia que acorrala a la nación andina, que sufrió el asesinato de un candidato presidencial a pocos días de las recientes elecciones generales.

Los ataques no dejaron víctimas ni heridos. Pero la sombra de la creciente presencia de los carteles narcos sobrevuelva estos episodios terroristas que tienen una marca clásica del comportamiento de estas mafias al estilo de las de Colombia o Mérxico .

La explosión más fuerte ocurrió la madrugada de este jueves afuera de una de las oficinas del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad situada frente a una universidad. Horas antes, había estallado otro vehículo en una zona cercana donde anteriormente funcionaba la misma institución de control del sistema penitenciario, informó la policía. Esa oficina confirmó que otros dos vehículos estallaron hacia la medianoche del miércoles en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú.

El primero en la pequeña localidad de Casacay, 370 km al suroeste de Quito, y el otro en la zona conocida como Bella India, también sin dejar víctimas. En ambos se usaron tanques de gas de uso doméstico.

Estos hechos son considerados advertencias de los carteles, en particular los de Quito. Estarían relacionados con los traslados de líderes de las bandas de las prisiones donde tienen sus cuarteles y realizan la logística de sus operaciones. El director de investigación antidrogas de la policía, Pablo Ramírez, confirmó que hubo en las horas previas a los atgentados la mudanza de varios de estos sujetos.

En torno al caso fueron aprehendidas seis personas de nacionalidad ecuatoriana y colombiana que tenían antecedentes por extorsión, robo y asesinato. Tres de ellos habían sido detenidos 15 días atrás pero los liberó la justicia. Ecuador vive un incremento de la violencia en consonancia con la escalada de la actividad del narcotráfico con la presencia de dos grandes bandas domésticas que pelean por el control del país y están vinculadas con los mayores carteles del narco en México.

El secretario de Seguridad Wagner Bravo declaró a una radioemisora que la escalada de ataques es una reacción a las acciones del Estado para controlar las cárceles y al traslado de seis presos que se considera “involucrados en el asesinato del excandidato” presidencial Fernando Villavicencio ocurrido el 9 de agosto. Un hecho que conmocionó al país.

Bravo no dio más detalles de la movilización de esos reclusos, pero reveló que otra acción de amedrentamiento al Estado se produjo desde el miércoles con el secuestro de un grupo de unos 30 policías y custodios en una cárcel del sur del país.

Entre los restos de las explosiones en Quito al igual que en las de El Oro, se hallaron cilindros de gas de uso doméstico, combustible, mechas lentas y tacos de dinamita, precisó Ramírez.

Los ecuatorianos están asediados por la violencia que las autoridades adjudican a enfrentamientos entre bandas que se disputan rutas y territorios para el expendio y distribución de drogas. Ecuador es el mayor exportador de cocaína del mundo, una droga que llega desde Perú y Colombia.

De ahí que los hechos de violencia de más gravedad han ocurrido principalmente en ciudades costeras como Guayaquil y Esmeraldas cuyos puertos se utilizan para el trasiego de la droga a Estados Unidos y Europa. Un kilo de cocaína en esa región se factura 2.000 dólares pero colocado en el otro lado del Atlántico trepa a 30 mil dólares. Desde Ecuador se trafican cerca de 700 toneladas anuales, según los especialistas.

El sistema penitenciario perdió en los últimos años el control de las grandes cárceles, que han sido escenario de violentos disturbios que dejaron decenas de muertos, y ha optado por trasladar a los reclusos para reducir los conflictos entre las pandillas. Al menos 420 presidiarios han muerto desde 2021.

Las autoridades atribuyen el aumento de esta violencia mafiosa a un vacío de poder provocado por el asesinato en 2020 de Jorge Zambrano, alias “Rasquiña” o “JL”, líder de la pandilla local Los Choneros vinculada con uno de los carteles narco mexicanos. Sus integrantes realizan asesinatos por contrato, operaciones de extorsión, secuestros, mueven y venden drogas y gobiernan prisiones. Además cuelgan de puentes a enemigos de la organización.

Villavicencio, el candidato asesinado, quien tenía una postura notoriamente dura contra el crimen organizado y la corrupción, fue ultimado a balazos al final de un concurrido mitin político en el norte de Quito a pesar de tener un grupo de seguridad que incluía policías y guardaespaldas. Había acusado a Los Choneros y a uno de sus líderes, Adolfo Macías, a quienes denunció como aliado del Cártel de Sinaloa de México, de amenazarlo a él y a su equipo de campaña días antes del asesinato.

El mafioso le había advertido que dejara de nombrarlo en su campaña como un ejemplo del peligro mafiosos en el país. El político lo ignoró.

Fuente: AP, EFE y AFP