El próximo 27 de septiembre, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1 dará a conocer el veredicto del juicio oral por el único tramo que, 16 años después, sigue vigente de la causa por el ingreso del venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson con una valija con casi u$s800 mil, ocurrida en la madrugada del 4 de agosto de 2007.

El fiscal Marcelo Agüero Vera optó por auto limitarse en las denominadas “réplicas” porque no encontró elementos novedosos en los alegatos defensivos que lo habilitaran a contestar y consideró que usar esa oportunidad para “mejorar” su propia exposición, no correspondía.

Eso precipitó las fechas para el punto final judicial a una historia que tejió decenas de hipótesis sobre origen y destino del dinero, e incidió en la coyuntura local y geopolítica para convertirse ya en un capítulo icónico de la mitología de la política.

El paso del tiempo y la disposición de los jueces Luis Losada, Diego García Berro e Ignacio Fornari, sumado a la del equipo de fiscales y a todas las defensas abonaron a un clima de concordia que permitió el desarrollo del juicio sin sobresaltos, excesos o sobreactuaciones.

Atrás quedaron las luces que hicieron del caso Antonini uno de los escándalos judiciales que acompañaron al kirchnerismo desde su etapa fundacional e irrumpieron en plena campaña. En retrospectiva fue un caso que se convirtió en un insumo de tan amplio espectro que alimento desde un “Bailando por un Sueño” hasta un juicio en Miami, apuntalado por el FBI. Se marcó a fuego en el imaginario popular más por lo que no se sabe (o se intuye) que por lo que efectivamente llegó a conocerse.

En ese marco, el juicio ofició como catalizador y expuso -en términos culinarios- una reducción a las únicas partículas jurídicamente punibles: si existió un intento de contrabandear dinero con el conocimiento de los funcionarios públicos argentinos y si pese a ser descubierto la maniobra buscó ser encubierta. El verdadero protagonista, Antonini Wilson, no formó parte del proceso en ninguna instancia.

Desde el 16 de agosto de 2007 sostiene el estatus de prófugo para la Justicia argentina. Jamás volvió. El origen del dinero nunca se estableció fehacientemente y su presunto destino se garabateó en el aire, tanto que no le dio elementos objetivos al fiscal de juicio para acusar por lavado de dinero, tal como postuló en su alegato final.

En ese registro se inscribió el atípico alegato que ayer expuso el defensor de los cuatro funcionarios de Aduana con pedidos de pena de 2 años de prisión condicional. Horacio Galarza de la Cuesta, en representación de Rosa García, Guillermo Lucángeli, María Cristina Gallini y Jorge Lamastra -funcionarios de mayor a menor escala jerárquica- optó por un desarrollo que combinó casi un comentario de indignación ante los cargos, y algunos condimentos de contexto que no habían aparecido en la superficie.

El más relevante era una “pica” existente entre la Aduana y la PSA que, teorizó, fue el motivo por el que la exagente María de Luján Telpuk expuso al guarda Lamastra como desganado a la hora de efectuar los controles a los pasajeros del vuelo privado que contrató Enarsa y en cuya comitiva que estaba encabezada por Claudio Uberti venía Antonini.

El abogado eligió un tramo de la declaración de Victoria Bereziuk -secretaria de Uberti y pasajera- del 11 de septiembre de 2007 en instrucción, cuando afirmó que escuchó que “un señor de bigotitos” fue el que encaró al venezolano para que abriera la maleta. Telpuk siempre se llevó el crédito del hallazgo.

Galarza de la Cuesta también señaló un problema judicial que arrastra la causa: todos los aduaneros fueron durante 11 años testigos del caso. En 2018 pasaron a ser imputados.

“No hay nada contra los aduaneros”, sentenció al tiempo que relacionó que con el objetivo político de imputar contrabando a Uberti y a Julio De Vido, la acusación necesitaba introducir a los aduaneros para sostener la hipótesis. Al pedir la absolución de todos, el defensor afirmó que actuaron conforme a procedimientos normados en el Código Aduanero e insistió con lo adecuado de haber encuadrado el descubrimiento como una infracción aduanera porque técnicamente no estaba oculto el dinero sino inmediatamente visible, por lo que no se configuraba ninguna clase de ocultamiento que lo transformara en un delito de contrabando.

“Todos los que actuaron ninguno vio delito”, insistió de la mano de la declaración del juez contencioso Marcelo Lista que aseguró que no existía obligación de denunciar y que se tenía por norma agotar la vía administrativa. Pero sumó además un hecho que es cierto: ese estatus podía haber cambiado de inmediato si alguien hubiese estado en desacuerdo en otras instancias. Y que existen oficios de que ese mismo lunes, 48 horas después, la Justicia estaba anoticiada del episodio. La paradoja es que ese proceso interno permitió que el caso no prescriba con los años y desencadene este juicio.

“El acta tiene todos los componentes que marca el Código”, afirmó Galarza sobre otro de los puntos objetados por no describir el contexto amplio en el que se había producido el hallazgo y por haber permitido que Daniel Uzcátegui permaneciera junto a Antonini en el conteo.

“No es extraño”, “es así” fueron informales explicaciones del abogado acerca de la llegada de aviones fuera de hora o normas de procedimiento internas que no deberían, a su criterio, haber llamado la atención ni menos configurado sospechas de “dolo”.

Dio en un punto certero: los cuatro imputados durante 11 años declararon lo mismo siendo testigos que acusados y lo que aseguran al día de hoy.

Tabulados en su normativa no vieron delito en el ingreso de divisas sin declarar (que con el pago de una multa y un informe a la UIF podía haber recuperado el venezolano) y postulan que todo lo actuado era lo que se esperaba como funcionarios aduaneros, sorprendidos sí, pero no para encubrir y menos posibilitar la fuga de Antonini, tal como se presentaron los cargos. “Pasaron a ser los malos de la película”, dijo al resaltar sus fojas de servicio intachables.

En lo concreto, la defensa buscó despejar algunas afirmaciones de la fiscalía planteadas como suspicacias, cargó contra la “personalidad” de Telpuk, la presunta bronca histórica con la PSA y volvió a poner de manifiesto que no entendía cómo los aduaneros habían terminado en esa situación. En una hora completó su alegato y ahora sí, el juicio llegará a su instancia final, con el rito de las últimas palabras de los acusados, antes del veredicto.