A partir de este lunes, las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires volverán a recortar sus frecuencias. Desde el sector explicaron que “no hay un plan organizado ni medidas coordinadas desde las cámaras”, pero que por el desfinanciamiento que afrontan, “varias líneas tomarán ese camino a partir de hoy”. Además, hay otro conflicto en puerta: la patronal no pagará la suma no remunerativa de $140.000 acordada con la UTA porque “no fue incluida aún en la determinación de costos del sistema”.

Mientras el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, pisan el acelerador en su plan para licuar los ingresos y los gastos del Estado, la conflictividad crece. En este caso, en el sector de transporte de pasajero del ÁMBA, donde el Gobierno se comprometió a actualizar la estructura de costos de las empresas durante enero, pero no cumplió.

Ante la falta de respuesta de las autoridades, las cámaras que agrupan a las empresas del sector le enviaron el miércoles pasado una Carta Documento a Caputo. En la misiva instan a que se oficialice una nueva estructura de costos esta semana. En ese sentido, anticiparon que de no ser así volverán a recortar las frecuencias. Según las estimaciones, el costo debería pasar de los $600 actuales a unos $1.000.

Hasta el momento no hubo respuestas del Ministerio de Economía, por lo que las empresas comenzaron a tomar medidas unilateralmente. “Algunas recortaron frecuencias, otras se financian con la AFIP o frenando el reparto de utilidades”, explicaron desde una de las cámaras, y agregaron: “no hay un plan organizado ni medida coordinada, el lineamiento que se la bajó a las empresas fue que hagan lo que puedan con la plata que tengan».

En concreto, algunas líneas comenzaron este lunes reducir las frecuencias. Lo que implicará que crezca la demora entre la llegada de cada unidad a las paradas y, por supuesto, una mayor acumulación de pasajeros. Las cámaras empresariales aseguran que desde la última revisión de costos, sufrieron fuertes incrementos. En el combustible, que pasó de $362 a más de $900 y también en el costo laboral: el básico de los choferes de la UTA pasó de $537.000 en diciembre a $737.000 en febrero. Por eso, aseguran que la situación actual, vuelve al servicio “insostenible”.

Colectivos

Foto Ignacio Petunchi

Para las empresas es indiferente si el agujero de $400 por boleto se compensa con mayores desembolsos del Estado o con una suba del boleto que pagan los pasajeros. En cualquier caso lo que quieren es mejorar sus cuentas porque dicen que “ya no tienen medios materiales para sostener las frecuencias”.

Nuevo frente de conflicto

Como se dijo, la velocidad que toma el ajuste trae conflictividad. Entre las empresas y el Gobierno, por el reconocimiento del incremento de los costos que podría aparejar mayores subsidios o una nueva suba en la tarifa mínima que hoy ya está en $270 en el Área Metropolitana. Pero también entre los gremios y la patronal.

En el caso del transporte, un nuevo frente se abrirá en las próximas horas. Fuentes empresarias anticiparon a Ámbito que no abonarán la suma no remunerativa de $140.000 por trabajador acordada con la UTA acordada el 2 de febrero de este año y que tenía como fecha de vencimiento este martes.

“No se pagará porque la paritaria no fue incluida aún en la determinación de costos del sistema”, explicaron desde el sector. El sindicato todavía no se expresó de forma oficial, pero a esta hora, nadie descarta nuevas medidas de fuerza.