En ese marco, se suman cada vez más voces que atacan la premisa de Milei. La monocausa del déficit como origen de todos los males tiene cada vez menos consenso. Y un amplio abanico de economistas y consultoras le pide al Presidente que cambie el lente por un gran angular.
Que nadie se ofenda
La premisa con la que trabajó La Libertad Avanza es evitar los ruidos. En cuanto a tocar intereses, creen preferible mantener el estatus quo a tener problemas en el recinto. En lo político, Javier Milei, capaz de dinamitar cualquier trato, quedó corrido de la gestión cotidiana y sobrevuela los asuntos. Incluso las feroces peleas internas del espacio libertario, que siguen corriendo debajo de la superficie.
Ejemplos del estatus quo hay varios, pero se pueden aportar dos: reforma laboral y capítulo biocombustibles. En el primero, una nueva enjuagada al texto, sobre la hora, quitó del medio temas espinosos para los gremios, como los aportes solidarios o los bloqueos a actividades esenciales. Tampoco hay comentarios sobre las obras sociales. Puntos que cayeron sobre la hora y que dejaron a los radicales, redactores voluntarios de ese ítem, en falsa escuadra. Igual terminaron levantando el pulgar.
El caso de los biocombustibles: se mantiene todo como hasta ahora. Es decir, no habrá suba de los cortes en las naftas y el gasoil, pero tampoco se les cederá más protagonismo a las grandes cerealeras, que podían avanzar sobre un negocio esencialmente de pymes (en el caso del biodiésel). Todos contentos, en especial en la Patagonia, donde no elaboran biocombustibles pero sí producen petróleo. En paralelo, se formó esta semana una liga de provincias para empezar a confeccionar una nueva ley.
Lo mismo ocurrió con el fondo fiduciario de zona fría “para garantizar la continuidad de la tarifa diferenciada de gas en la Patagonia”, como celebró el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck, sobre la continuidad de ese punto. En síntesis, ante el menos asomo de conflicto, marcha atrás. Serán discusiones que en tal caso quedarán para más adelante.
Así, mientras el peronismo en Diputados batalla por hacer caer el DNU 70/23 y no pierde energías en la Ley Bases, la tensión estará puesta en el Senado. Es, todavía, una discusión contrafáctica, porque en la Cámara Alta no tienen certezas de qué texto recibirán, una vez que los diputados metan mano en los temas particulares. “Lo único que podemos asegurar es lo que vamos a hacer en unas horas… hablar de ley bases es imposible con este Gobierno”, dijo un senador, sobre lo cambiante del contexto.
La estrategia que tiene apuntada el Gobierno, con Francos a la cabeza de la artillería, es: si no se pueden seducir a los radicales díscolos ni a los patagónicos rebeldes, tendrá que lanzar cañones a Unión por la Patria (UP). Es decir, romper la homogeneidad de ese bloque y sondear a senadores que dependen más de los sus gobernadores que del espacio legislativo que conduce el formoseño José Mayans, que tiene 34 bancas, potencialmente a tres votos de bloquear cualquier iniciativa del Gobierno. Si el radical Martín Lousteau se opone a todo, quedan dos. Y los que transitan por el sendero del medio son los dos senadores que responden al gobernador Claudio Vidal de Santa Cruz, o la senadora alineada al rionegrino Weretilneck. También tiene una voluntad el neuquino Rolando Figueroa.
El gobernador santacruceño puede terminar siendo juez de la ley ya no tan refundadora. Por eso, celebró que los yacimientos de carbón de Río Turbio hayan cambiado de formato para virar de la privatización a una lógica de participación estatal como YPF. No obstante, están alertas. Temen que el Gobierno planee avanzar en ese sentido sólo con la central térmica… pero que en vez de funcionar a carbón lo haga a gas. Y los yacimientos de carbón queden en la órbita provincial y sin demanda. El otro punto son las represas paralizadas, reclamadas también por Vidal. Resta firmar la Adenda XII, un corpus de cuarenta biblioratos al que le escapó Alberto Fernández y que ahora gambetea Javier Milei. Alguien tiene que poner la firma, y después hay que aterrizar en China para que se liberen los desembolsos. Un camino largo y engorroso.
“Las provincias queremos caramelos”, decía, por otra parte, un senador peronista y norteño. Y hacía referencia a que la lógica de Diputados es la de bloques partidarios, acaso ideológicos. Pero en el Senado mandan los intereses de las provincias. El mismo legislador explicaba que en su distrito estaban dispuestos a avalar la Ley Bases y salir de UP, siempre y cuando aparezcan los “caramelos”. La reimposición de la cuarta categoría de Impuesto a las Ganancias no termina de convencer, porque los cambios en Bienes Personales compensan para abajo esa potencial suba de la masa coparticipable. “Lo que nos dan por un lado nos lo quitan por otro. Entonces, es muy difícil”, señalaba. A esto hay que sumar la reducción de otros tributos con un porcentaje coparticipable como el IVA, por la caída de la actividad. Y, en el plano local, una baja de recaudación de todos los impuestos provinciales a causa de la recesión. “Las provincias están con respirador artificial”, se lamentaba.
Desde otro distrito ligado a la actividad extractiva ya están en guardia por el régimen de grandes inversiones, capítulo clave de la ley. “Inversiones de u$s150 millones para arriba son para minería o energía, no para poner una panadería. Y si Nación viene a decir que en la provincia no podemos poner un impuesto para la explotación de un recurso que es nuestro… vamos a estar ante un problema constitucional”, explicaba otro senador.
La oficina de Interior de la planta baja de la Casa Rosada parece haber hecho a entrar en razón a los vecinos del Palacio de Hacienda, que maneja la billetera. Por más discurso anti casta, si no habilita dinero para una serie de obras claves, será difícil cerrar el poroteo fino.
La monocausa, atacada
Milei resiste, obstinado, en defender a ultranza la baja del déficit como única solución a todos los males. Crecen las voces que cuestionan su plan de acción, mayormente economistas del ala liberal, como Carlos Rodríguez, Roberto Cachanosky, Carlos Melconian o Domingo Cavallo.
También se suman informes de consultoras que empiezan a marcar luces rojas. Días atrás, en un análisis de la historia reciente, un trabajo de Fundar resaltó que “las reformas estructurales no necesariamente mejoran el desempeño macroeconómico de un país”. Sobre la base de la experiencia de las décadas del 80 y del 90, Fundar advierte: “Para que sean exitosas, deben ser complementadas con políticas macroeconómicas consistentes, y políticas sectoriales y de asistencia social. Las reformas estructurales pueden complementar, pero nunca sustituir una política macroeconómica bien diseñada”.
El trabajo menciona los riesgos de “desregular de forma agresiva” y contrasta las reformas de Argentina con las que se dieron en el Sudeste Asiático. “Los países del Sudeste Asiático no sólo adoptaron las reformas estructurales de forma más prudente y gradual, sino que también se apoyaron en un conjunto más amplio de herramientas, incluida la política industrial, con resultados mucho mejores. Con la excepción de casos puntuales como el de Filipinas, en el Sudeste de Asia, las reformas se adoptaron de forma más cauta y sin quebrar el esquema de desarrollo productivo, lo que permitió mantener un proceso de convergencia ininterrumpido”, sostiene.
Dos consultoras más cercanas al campo popular también aportaron datos respecto al desempeño económico del Gobierno. El CEPA (Centro de Economía Política Argentina) puso el foco en la caída del ingreso en marzo, que fue del 8,6% si se contempla la inflación. “Aunque hubo incrementos en la recaudación de algunos impuestos asociados al comercio exterior (retenciones +74% e impuesto PAIS +326%) principalmente debido al salto cambiario, éstos no alcanzaron a compensar la caída en otros tributos asociados a la actividad económica y los salarios (IVA -15%, aportes y contribuciones a la seguridad social -20%, y ganancias -38%)”, menciona en relación al superávit, que está ligado, claro, a la motosierra. “De cada $100 de ajuste en marzo, $37 correspondieron a recortes en jubilaciones”, agrega el CEPA, que también pone el foco, como ayer lo hizo Cristina Kirchner en Quilmes, en la postergación de pagos a CAMMESA, la empresa generadora de energía, “una situación que eventualmente el gobierno tendrá que resolver”.
En tanto, el centro CIFRA en conjunto con Flacso alertaron sobre la fuga de capitales como variable que la administración libertaria no está contemplando en su diagnóstico. Y advirtió en desligar las crisis económicas del déficit. También fue insumo del discurso de ayer de Cristina. “Las recesiones económicas tendieron a desvincularse del déficit de la balanza comercial”, menciona en un análisis de las recisiones del siglo XX en adelante.
Aunque pondera la “cuestión fiscal” como un elemento que “no se debe soslayar”, apunta a la relación directa entre las crisis económicas ligada a la deuda externa y la fuga de capitales. “El fenómeno de la deuda externa está más vinculado a la fuga de capitales que al déficit fiscal durante la valorización financiera. Entre 1976 y 2023 la deuda externa acumuló 286 mil millones de dólares, la fuga de capitales al exterior 351,9 mil millones de dólares, mientras que el déficit fiscal primario -que incluye el consolidado de Nación, Provincias y Municipios- 99,4 mil millones de dólares”, menciona el informe.
Y agrega: “Los 351,9 mil millones de dólares equivalen a 129,3% del PBI promedio del período 1976-2023, por lo que el excedente económico que se excluyó del sistema económico local alcanzó a 1,3 PBI. Nada menos”.
Los llamados de atención se expanden en todo el arco ideológico. Milei se aferra la teoría y se juega parte de su capital: la paciencia que todavía tiene la sociedad argentina.
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