En La Araucanía y otras zonas del sur de Chile, como Biobío, existe desde hace más de un siglo una disputa territorial entre el Estado, comunidades mapuche y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas y que fueron ocupadas a la fuerza por el Estado chileno.

El brutal asesinato de tres carabineros el sábado renueva con crudeza un conflicto de décadas que una sucesión de gobiernos de distinto signo no ha logrado resolver en Chile. La violencia atribuida a grupos mapuches en el Sur reaparece una y otra vez, pese al envío de militares y a los tibios intentos de diálogo que esbozó el presidente Gabriel Boric.

Un avance importante en el tema indígena se produjo en 1993, cuando durante el gobierno de Ricardo Lagos se aprobó una ley que aborda el problema de la tierra, uno de los puntos clave del conflicto. Entre otras cosas, la legislación establece subsidios para adquisición y regularización de terrenos, cómo velar por la preservación y difusión del patrimonio cultural indígena o la implementación de programas interculturales en salud y educación, entre otros aspectos.

El problema es que, desde entonces, los gobiernos no han establecido un plan en común para enfrentar el problema mientras continúa la lucha del pueblo mapuche por sus tierras ancestrales.

Desde la formación del Estado chileno en el siglo XIX, los indígenas fueron perdiendo sus terrenos, en muchos casos, a través de prácticas poco claras o engañosas. Paulatinamente, la tierra fue pasando a manos de colonos europeos, trasladados especialmente al sur a partir de 1850, a sus descendientes y, más tarde, a empresas forestales, lácteas y agrícolas de gran peso en la economía del país.

Además de sus tierras, los mapuches piden que haya un equilibrio entre la producción económica y los recursos naturales, esencialmente escasos y no renovables. Pese a la gran cantidad que tiene la región, las encuestas sucesivas muestran que la Araucanía y sus zonas aledañas padecen el mayor índice de pobreza del país, alcanzando en general una cota cercana al 17,4%.

Hay una amplia serie de razones que explican el conflicto centenario trasandino. Junto a disputa por la tierra y el reclamo de respeto por los recursos naturales agotables, otros de los puntos relevantes exhibido por los grupos mapuches -en su gran mayoría pacíficos y opuestos a toda violencia- tiene que ver con la falta de reconocimiento hacia este pueblo desde que se creó el Estado trasandino.

Desde mediados de 2022, en la zona rige un estado de excepción ratificado por el Congreso, una herramienta constitucional que permite el despliegue militar allí para que ayuden a Carabineros (la Policía militarizada) a controlar el orden público, incluyendo vigilancia en las principales rutas y caminos.

En este contexto, son frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria agrícola y propiedades, cortes de ruta y enfrentamientos que han costado la vida a gran número de comuneros mapuches, además de la muerte de policías.

Fue el gobierno del conservador Sebastián Piñera el que declaró, en octubre de 2021, el estado de excepción y la militarización de la Araucanía. Se desplegaron entonces más de 2.000 militares para reforzar la tarea de la policía. Pero el conflicto no cedió.

Boric, que tomó las riendas del gobierno en marzo de 2022, había prometido levantar ese estado de excepción que, en su opinión, sólo escalaba el conflicto. En el inicio de su gestión, el mandatario socialdemócrata intentó establecer algún canal de diálogo. Boric retiró a los militares desplegados por Piñera. Pero dos meses después debió dar marcha atrás, al ver que la tensión recrudecía con nuevos incendios y ataques.

Fue cuando la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una de las organizaciones que ha reivindicado ataques violentos en la zona y a la que apuntan las pesquisas por el asesinato del sábado, llamó a “preparar fuerzas y organizar la resistencia armada”.