En concreto, el vencimiento de los contratos para la gestión de diferentes tramos de de 24 rutas nacionales operaba el 21 de abril de 2016. El Gobierno de Macri hizo uso de la prórroga de doce meses que los pliegos preveían, pero el 21 de abril de 2017, al vencer dicha extensión, en lugar de llamar a una nueva licitación como indica la normativa Iguacel les otorgó a las empresas un año más de concesión, lo que implicó el cobro de peajes y el otorgamiento de certificados de obras por una suma superior a treinta mil millones de pesos.
Los exfuncionarios se defendieron en sus respectivas indagatorias bajo el argumento de la necesidad de extender los plazos ya que -afirmaron- no se llegaba con los plazos para volver a licitar. Sin embargo, el juez Casanello afirmó en su fallo que se trata de un motivo “completamente falaz”, ya que “el expediente administrativo referido no tuvo movimientos desde diciembre de 2016 (fecha del dictado del Decreto 1288/2016) hasta junio de 2017. En efecto, no cuenta con ninguna actuación incorporada, ni con instrucción alguna para elaborar el pliego licitatorio o cualquier otro documento vinculado a ello”.
En diálogo con Ámbito, la denunciante de la causa María Graciela Aleña, Secretaria General del Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina celebró el fallo al señalar la “satisfacción que ocasionó a las y los trabajadores” y a ella en particular “saber que quien hablaba de transparencia y honestidad fue procesado”. Y agregó: “debería agradecer que es sin prisión preventiva, así no sufrió lo que vivieron los compañeros al ser esposados delante de sus hijos”.
Para los procesamientos, que también alcanzaron al exencargado del OCCOVI, Pablo Belenky, el juez argumentó los siguientes puntos:
- “Los contratos de concesión fueron prorrogados por fuera de lo estipulado normativamente. (…) mediante la Resolución DNV 811/2017 Javier Iguacel dispuso aprobar ad referendumdel Poder Ejecutivo “la continuidad operacional de emergencia de las concesiones […] por el término de un año o el tiempo que dure el llamado a nueva licitación”, a fin de “garantizar la continuidad del servicio”. Ello no estaba previsto en normativa alguna”
- “La prórroga ilegal fue dictada por un funcionario que no tenía competencia y cobró ejecutoriedad sin haber sido ratificada”
- “Se prescindió del dictamen jurídico obligatorio y previo al acto administrativo”
- “No se observa en la documentación licitatoria la justificación de la estimación de los costos de la contratación de modo razonable”
Otro de los denunciados fue el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Pero Casanello no lo incluyó en los procesamientos, lo que podría ser apelado por la denunciante.
Luego de conocido el fallo, Iguacel se defendió vía Twitter al relacionar el procesamiento en su contra con la decisión de la Corte de no hacer lugar a las nulidades planteadas por Cristina Kirchner en la causa Vialidad, iniciada por él. “Justo hoy me procesaron por una denuncia de la secretaria sindical de Vialidad por el proceso licitatorio de autopistas mediante PPP. Otra vez apelaremos con pruebas y testigos. Continuaremos dando la batalla por la verdad esperando q se haga justicia. No somos todo lo mismo”, afirmó Iguacel. “Lo único que faltaba es que se victimice justo él, que persiguió a las y los trabajadores, que cerró las escuelas técnicas, que despidió a trabajadores y trabajadoras sin causa, que hizo todo lo posible por el vaciamiento de Vialidad”, dijo en su cuenta @JavierJiguacel
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