Ese avance, que arrancó durante una comida que mantuvieron el martes de la semana pasada Massa y una comitiva de la CGT, ratificó que la marcha de hoy tendrá un tenor amable con el Gobierno y más sancionatorio hacia los “formadores de precios”, como quedó plasmado en el documento difundido ayer por la central y que será el leit motiv de la manifestación. El texto advierte que “la inflación ha alcanzado niveles intolerables que pulverizan el poder de compra de todos los trabajadores” y buena parte de la responsabilidad de ese proceso “depende de sectores que se han apropiado de ganancias en tiempo de pérdidas para los trabajadores y trabajadoras”, añade.
En la cena, realizada en oficinas de Massa y de la que participaron los cosecretarios generales Héctor Daer y Carlos Acuña junto a Andrés Rodríguez (estatales, UPCN) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias, AySA), el ministro les expuso la necesidad de instrumentar un rescate a los trabajadores formales con sueldos más bajos. En la perspectiva del funcionario, si bien las paritarias se mostraron como un mecanismo eficaz para mantener el poder adquisitivo (como le hizo saber su par de Trabajo, Claudio Moroni), el “mientras tanto” que representan los picos inflacionarios como el 7,4% de julio y la perspectiva de números altos por agosto y algunos meses más harán necesario sumar a los sueldos un monto fijo, no remunerativo y por única vez (sin cuantía sugerida por el momento), para fortalecer el poder de compra.
Esa perspectiva calmó a los sindicalistas que esperaban escuchar una propuesta alineada con el ideario de Cristina de Kirchner, más cercano a inyectar sumas de dinero sobre los salarios básicos de manera permanente, una solución que a juicio de la CGT termina por amontonar las categorías más altas con las más bajas de trabajadores y enturbiar el proceso paritario. De fondo, la central tiende a objetar cualquier herramienta que amenace con reemplazar la prerrogativa negociadora de los sindicatos.
Como complemento a un eventual bono los dirigentes agregaron que será necesario garantizar la apertura permanente de las paritarias. Como publicó este diario, organizaciones como Comercio y Camioneros alistan pedidos por anticipado respecto de sus revisiones salariales, pautadas para dentro de varios meses. Otros gremios, como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), no descartan un tramo más de discusiones antes de fin de año pese a que hace pocas semanas revisaron hacia arriba su acuerdo anual y alcanzaron un aumento de 65 por ciento.
La dinámica propuesta es la misma que expuso este diario respecto de la próxima negociación del Consejo del Salario: en lugar de un único aumento complementario al 45% resuelto en abril pasado, para dar por cerrada la suba anual, la CGT analiza pautar un extra para la instancia de diálogo del lunes que viene y sumar otra antes de finalizado el año. De otro modo deberían exigir el 90% de aumento por 2022 que prevén las consultoras que releva el Banco Central.
La concesión es más un gesto político que económico de la CGT hacia el Gobierno: el salario mínimo sólo tiene impacto significativo sobre el valor de los planes sociales (la mitad del piso que fija el Consejo) que paga el propio Ejecutivo.
Esa dinámica conversada con Massa suavizó el clima en la central sindical en la previa a la marcha de hoy, que unirá las plazas del Obelisco con la del Congreso sin escenarios ni oradores. La única comunicación será el texto difundido ayer que luego de advertir de una inflación de “niveles intolerables” apunta: “no es ajeno a esto la irresponsabilidad económica de los grandes formadores de precios que remarcan el valor de los productos esenciales para mejorar los márgenes de ganancias. Como tampoco la especulación financiera en búsqueda de una devaluación que sólo favorece a los grupos económicos concentrados y empobrece a la gran mayoría de los argentinos”.
El documento, que firmaron ayer los tres secretarios generales, Daer, Acuña y Pablo Moyano, lleva como título “Primero la Patria” y justifica la necesidad de la marcha de hoy: “reiterando nuestra exigencia de protección integral para todos los trabajadores ocupados, desocupados y jubilados”. “Es hora de que todos los sectores populares aseguremos una política antiinflacionaria con amplio consenso social, sin excepción, y alcancemos acuerdos justos que permitan a los trabajadores, activos y pasivos mejorar plenamente sus ingresos”.
About Author
