«Los contratos establecían una dolarización de las tarifas y una deuda injustificada, que pretendían que la gente todos los días la pague en el peaje», argumentó Katopodis.
«Solicitamos también una medida cautelar que restituya la administración del Acceso Norte al Estado«, adelanto el funcionario. Con ese tono, adelantó que el Gobierno hará el mismo planteo con la firma Grupo Concesionario del Oeste (GCO).
Grandes pérdidas en dólares
La presentación se corresponde al Decreto 633/2022, por el cual Fernández le encomendó a Katopodis que encabece el reclamo. «Son contratos que, a nuestro juicio, son absolutamente distorsivos y han generado un enorme daño económico al Estado nacional y, fundamentalmente, a los usuarios», había expresado en su momento el mandatario.
Según Katopodis, «en el transcurso de 2018 el Gobierno de Macri dictó dos decretos, los 608 y 607, de renegociación de los contratos de concesión y adjudicación de esos corredores viales». El hombre de San Martín remarcó que encontraron acciones «de vicio» tras haber realizado un «minucioso análisis».
El ministro repasó que se habría acordado cancelar una deuda, cuya carga habría sido absorvida por el Estado: U$S 813.143.839,52 (U$S 540.522.269,52 para Ausol y U$S 272.621.570 para GCO). Según Katopodis, los pactos firmados entre AUSA, GCO y el Estado, causarían pérdidas de unos 2.000 millones de dólares para los usuarios.
«En cualquier negocio o contrato de concesión de este tipo, por supuesto que no hay rentabilidad asegurada y sí riesgo empresario, pero aquí se les otorgaba un privilegio con una rentabilidad en dólares actualizada al 8% anual«, planteó el funcionario.
Según los contratos firmados en el macrismo, la solicitud de actualización tarifaria presentada por ambas firmas significaría aumentos de hasta 20 veces en el Acceso Norte y más de diez en el Acceso Oeste. Además, conllevaría prorrogar el lapso de la concesión del peaje de Acceso Norte por unos diez años.
About Author
