Esta medida responde a una solicitud que a fines de diciembre último había efectuado la Jefatura de Gabinete y por lo tanto, en un plazo de 48 horas, la Secretaría de Finanzas solicitará al Banco Central la transferencia de Bonos del Tesoro Nacional en Pesos ajustado por CER 2,50% Vencimiento 30/11/2031, denominados TX31, por el total de Valor Nominal Original (VNO) de $65.382.679.179 millones, equivalentes a $98.500 millones.

Ese último monto fue «calculado al valor técnico a la fecha de entrada en vigencia de la decisión administrativa 1282/2022 (de la Jefatura de Gabinete) que asciende a $1.506,5152 por cada valor nominal original de $1.000», de acuerdo con el texto oficial.

El fallo de la Corte elevó del 1,4% al 2,95% la alícuota correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires en concepto de distribución de recursos del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

Ahora, el Poder Ejecutivo dispuso que el Banco Nación calculará diariamente la diferencia entre el 2,95% y el 1,4% para determinar el VNO de los bonos equivalente al monto en pesos de ese diferencial.

Luego transferirá los bonos a la cuenta comitente de la Ciudad abierta a tales fines pero en el caso de que el Gobierno porteño no dispusiera la apertura de esa cuenta, el Banco Nación abrirá una «transitoria para depósitos judiciales», según la misma resolución conjunta.

Economía justificó la ampliación del bono al señalar que «ni en el Presupuesto de 2022 ni en la ley 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para 2023 se previeron partidas presupuestarias para sufragar el gasto derivado de la medida cautelar» de la Corte, que se conoció tras la sanción del Presupuesto para este año.

Desde la Ciudad dejaron trascender que, efectivamente el fallo de la Corte del pasado 22/12/22 «es muy claro: el índice de Coparticipación de la CABA pasa de 1.4 a 2.95».

También señalaron que «es muy claro con respecto a cómo deben transferirse esos recursos: por goteo diario y mediante transferencia del Banco Nación, tal como se transfieren los recursos provenientes de la Coparticipación al resto de las provincias». Para el Gobierno porteño, esa «es la única manera de transferir los recursos» y «cualquier otra forma de pago que quiera implementar el Gobierno nacional va en contra de lo dictaminado por la Corte».

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