El magistrado mendocino también había sido procesado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito porque se concluyó que su nivel de vida no coincidía con sus ingresos como magistrado.
El juez federal de Mendoza Walter Ricardo Bento quedó suspendido este miércoles luego de que el Consejo de la Magistratura promoviera el proceso de destitución por «mal desempeño» de su cargo.
Este miércoles en un plenario del Consejo, presidido por Horacio Rosatti, el acuerdo para suspender a Bento de sus funciones fue casi unánime con 19 votos a favor y uno solo en contra.
La suspensión del juez fue votada por Rosatti, Vischi, Reyes, Piedecasas, Diego Barroetaveña, Jimena De la Torre, Alejandra Provítola, Gerónimo Ustarroz, Rodolfo Tailhade, Héctor Recalde, Mariano Recalde, Hugo Galderissi, Guillermo Tamarit, María Fernanda Vázquez, Alvaro González y Vanesa Siley, en tanto que Alberto Lugones lo hizo con una disidencia parcial.
Bento, nombrado en 2005, también fue procesado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito porque se concluyó que su nivel de vida no coincidía con sus ingresos como magistrado, medida que, confirmada por la Cámara Federal de Mendoza, incluyó su prisión preventiva, que no cumplió por ser juez.
En la presentación del dictamen en la Comisión de Acusación, el consejero Piedecasas remarcó que la Cámara Federal de Mendoza fue la que «puso en marcha» el caso contra Bento que tiene procesamientos por una decena de «graves delitos».
Hace dos semanas la comisión de Acusación del Consejo aprobó, con el voto de los consejeros opositores y la abstención de los oficialistas, el inicio del proceso de destitución del juez mendocino, por el presunto mal desempeño en sus funciones.
En paralelo al proceso del Consejo, Bento enfrentará el próximo 26 de julio un juicio en su contra, acusado de cobrar a presos por narcotráfico y contrabando a cambio de beneficios.
En este complejo escenario, el juez mendocino ofreció su descargo en octubre del año pasado en dos etapas que sumaron más de 7 horas de exposición ante los consejeros, a quienes les dijo ser «inocente» y no haber cometido «ningún delito».
Por su parte, el consejero Tailhade que representa al oficialismo afirmó: «Nuestro bloque decidió no acompañar ese dictamen pero no se trató de una oposición al planteo acusatorio, mucho menos de un bloqueo y ni hablar de una defensa del magistrado, que claramente tiene que dar explicaciones».
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