Un total de 33 militares venezolanos fueron degradados y expulsados de la Fuerza Armada por su presunta vinculación con «conspiraciones» de magnicidio denunciadas por las autoridades esta semana, una medida cuestionada por expertos y en la mira de Estados Unidos.

Un general de división, dos coroneles, seis tenientes coroneles, nueve mayores, dos capitanes, seis primeros tenientes y siete sargentos aparecen identificados con nombre y apellido en un comunicado.

Están presuntamente «implicados en conspiraciones mediante la planificación de acciones criminales y terroristas para atentar contra el sistema de gobierno legítimamente constituido, las autoridades e instituciones del Estado y el pueblo venezolano, contemplando incluso, el asesinato del primer mandatario nacional, todo lo cual representa ‘Actos de Traición a la Patria'», indicó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

«Estos traidores que nunca han debido tener y portar el uniforme militar (…), no son dignos«, expresó Padrino en un video publicado en sus redes sociales. «Son grupos que no representan en absoluto a la Fuerza Armada».

Los militares son el principal sostén del gobierno de Nicolás Maduro y en repetidas oportunidades le han ratificado lealtad.

Controlan, además de las armas, empresas de minería, petróleo y distribución de alimentos, así como las aduanas e importantes ministerios.

La oposición y ONGs denuncian redes de corrupción que han enriquecido a muchos oficiales.

Las denuncias de magnicidio son frecuentes en el chavismo, que cumple 25 años en el poder este 2024 y se juega su continuidad en unas elecciones que aún no tienen fecha. La fiscalía venezolana informó el lunes del arresto de 32 personas, entre civiles y militares, por estas supuestas conspiraciones, y el martes anunció nuevas detenciones sin precisar un número.

A todos los vinculan con cinco presuntos planes para asesinar a Maduro develados en 2023 e inicio de este año, según el fiscal general Tarek William Saab, que denunció además complicidad de la agencia antidrogas (DEA) y de inteligencia (CIA) de Estados Unidos, así como actores del Ejército colombiano.

Padrino se hizo eco igual de estas acusaciones.

«Le digo a las cloacas imperiales de la CIA, la DEA, a quienes aquí les hacen el juego los venezolanos traidores también: no nos cansaremos de dar la batalla», expresó en el video.

Rocío San Miguel, experta militar y habitualmente crítica del gobierno, identificó irregularidades en el acto de degradación y expulsión, que se realizó en el Patio de Honor del ministerio.

Explicó que las medidas son «penas accesorias» a una pena principal, que debe ser pública. «Están sujetas a control jurisdiccional y deben cumplirse los extremos previstos en el Código Orgánico de Justicia Militar», insistió en una nota de su ONG, Control Ciudadano.

«Son varios los aspectos que se desconocen sobre estas expulsiones y degradaciones de efectivos militares».

Estados Unidos se mostró por su parte «profundamente preocupado» por las últimas detenciones, que según la Casa Blanca se hicieron con motivos «poco creíbles».

«Las detenciones sin el debido proceso van en contra del espíritu del acuerdo de hoja de ruta electoral de octubre de 2023«, señaló el martes el portavoz del departamento de Estado, Matthew Miller.

Se refiere a lo firmado por la oposición y el gobierno venezolano en Barbados para celebrar las presidenciales en el segundo semestre de este año con observación internacional. A cambio, Washington flexibilizó un férreo embargo al crudo venezolano.

Venezuela rechazó «categóricamente» el «cínico» comunicado. «El gobierno de los Estados Unidos de América ha perdido la brújula moral» al «condenar a Venezuela por tomar acciones (…) para preservar la paz».

«No sorprende que Washington abogue a favor de los artífices de las operaciones terroristas frustradas en Venezuela y que incluso les brinde su posicionamiento cómplice», añadió. «Defender estas acciones desestabilizadoras fomenta la violencia y atenta contra el normal desarrollo del proceso electoral de 2024».