El sábado antes de las elecciones primarias se había cumplido un mes de la medida dictada por la IGJ. La interventora designada, Norma Cristóbal nunca pudo asumir su cargo ni acceder a la documentación de la Fundación. Entre las numerosas trabas, se encontró con un cartel de “cerrado por vacaciones”, aunque la IEES siguió facturando y declarando actividad fiscal durante el supuesto receso.

Ahora, argumentando cuestiones formales y de competencia- la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal se pronunció a favor del reclamo de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio que pidió se deje sin efecto la intervención.

El 12 de julio el ministerio a cargo de Martín Soria había dispuesto la medida sobre el Instituto tras detectar numerosas irregularidades que derivaron en una denuncia penal que aún no registró avances. Bullrich y el resto de los titulares del IEES están acusados de usar a la ONG de pantalla para conseguir fondos para la campaña electoral. Para la IGJ está probado «un encubrimiento de las verdaderas actividades de dicha institución, que desde el año 2021 en adelante se tradujo en la organización de seudos almuerzos y ciclos de conferencias (…) con los cuales se sostuvo y se sostiene económicamente una campaña política de proyección nacional, esto es, orientada al cumplimiento de un objeto totalmente distinto del que le compete a la referida asociación civil»

Entre las inconsistencias, el organismo de control detectó la realización de seminarios y capacitaciones sobre temas de seguridad que oficiaron de «meras fachadas» para recaudar dinero con fines proselitistas. Además, los balances presentados ante la entidad que preside Guillermo Nissen mostraron un incremento «vertiginoso» e injustificado de los ingresos de la fundación. Según las cifras que la propia ONG informó, pasó de no poder costear los gastos a obtener una ganancia de casi noventa millones de pesos.

Según lo constatado por la entidad, la Asociación Civil “tuvo ingresos por montos superiores a los PESOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($85.000.000)” en el año 2022. Ese dinero, en parte, fue destinado al pago de honorarios de los propios integrantes de la IEES, entre los que se encuentra Gerardo Millman.

Tras la resolución de la justicia porteña, la candidata opositora logró continuar con su Instituto libre de ser intervenido de cara a las elecciones generales de octubre.